I
Decíamos ayer acerca del caso de Luis Hernández Granados, a quien los agentes judiciales le fabricaron un delito de homicidio doloso, que de este episodio devienen moralejas.
Y algunas de las moralejas de esta fabricación de delitos y delincuentes como método para que la autoridad judicial en el Distrito Federal exhiba su eficiencia como tal, son:
1) Es delito ser pobre, humilde y tener baja escolaridad en esta ciudad capital de México y, por inferencia asaz válida, en este país nuestro.
2) El abuso del poder --fuere éste económico, político (formal como el del Estado y/o fáctico), cultural y de estatus social es, en este país, un estilo de vida.
3) Los pobres, los humildes, los desposeídos, los marginados --los proletarios, en suma-- viven, por ignorancia, con el temor al poder y sus expresiones.
4) Aquí, este poder tiene en la policía local (o municipal) su instancia más inmediata a la sociedad --es decir, al pueblo--. Es una instancia disuasiva y coactiva.
5) En México, el pueblo le teme a la policía, secuela de una experiencia histórica cuyo saldo es desfavorable a los intereses sociales y, a fuer de precisión, de los pobres.
II
Por supuesto, es un sucedido insoslayable de la vida nacional --la realidad, pues-- que las instancias disuasivas y coactivas del poder político depredan también a ricos.
Empero, existen diferencias. En los ricos el poder --y su representación judicial-- no penaliza la pobreza, sino la riqueza. Pero el rasero es el mismo.
Y ese rasero es el de la corrupción en el ejercicio de un poder establecido --en este caso, el de la procuración de justicia-- y sus hijas gorgónicas: depredación.
Tal depredación se representa en las modalidades variopintas de la compraventa ilegal de las potestades constituidas del aparato de procurador de justicia.
Así, se compra en realidad la aplicación discrecional de la leyes --el 90 por ciento de cuyo total es inconstitucional, según estudios científicos confiables-- de alcance punitivo.
Más allá de la inmoralidad de ese comercio execrable, éste es ventajoso --y, por ende, alevoso-- con respecto a los consumidores. Estos no tienen alternativa. Son cautivos.
Cautivos --secuestrados, diríase-- de un régimen de corrupción monstruosamente institucionalizada y una subcultura aberrante de depredación social.
III
Es allí, en esas instancias tan inmediatas a los mexicanos, en donde la corrupción adquiere modalidades terriblemente brutales. El abuso es por definición.
El abuso se traduce en conculcación y, con preocupante frecuencia, en violación impune y, ergo, cínica, de los derechos humanos del destinatario de la compraventa de poder.
Ese abuso es, desde una perspectiva antropológica y sociológica, sistemático y, diríase también, acusa peculiaridades de sistémica. No hay opciones.
Así, culpables o inocentes de la comisión de delitos son sometidos al yugo: pagar por el ejercicio discrecional, crematístico y comercial, muy lucrativo, de las leyes
Esa discrecionalidad, más que la ley propiamente y por sí misma, es la que tiene precio y costo. El precio es monetario. El costo, ir o no ir a la cárcel.
No todos pueden pagar ese precio --ni el costo--, como es el caso de Hernández Granados quien, a sus 34 años, tiene ante sí probable inevitabilidad de vivir 30 años preso.
Privado, pues, de su libertad, por no poder comprar el producto ofrecido --dejarlo libre-- y por ser víctima de la fabricación lucrativa para ciertos agentes y la autoridad.
ffernandezp@prodigy.net.mx
Glosario:
Coactiva: que ejerce coacción (fuerza o violencia) o resulta de ella.
Conculcación: acción y efecto de conculcar (quebrantar una ley, oprimir).
Disuasiva: que disuade o puede disuadir.
Execrable: digno de execración (aborrecer).
