I Circula en los cenáculos de los poderes formal --el del Estado-- yfácticos de México un borrador de cien preguntas y otras tantasrespuestas acerca de las reformas constitucionales en materia deseguridad y justicia penal.
En el documento --de presumible autoría gubernamental-- adviértese,de primera intención, un propósito loable: disipar las dudasrazonables que existen en círculos políticos y sociales acerca de losalcances de las llamadas reformas judiciales.
Y, en efecto: el documento recoge inquietudes y da respuestaaparentemente puntual a éstas, utilizando a veces un lenguaje leguleyoy en otras un léxico que préstase a una comprensión ambigua de lasreformas, con margen a cierto tipo de equívocos.
Empero, predomina lo directo, lo cual induce a suponer que losdestinatarios reales de ese documento podrían ser, en realdad, loslegisladores, un grueso mayoritario de los cuales muestra no sinpatetismo carencias en materia de comprensión conceptual.
El documento debiere difundirse masivamente, para salirle al pasoa las conturbaciones, a nuestro ver legítimas, de no pocos ciudadanosacerca de las reformas a la Constitución para ampliar las facultadescoactivas del Poder Ejecutivo del Estado.
Pero disipar dudas, conturbaciones y, desde luego, la evidentepreocupación general del interés público y algunos legisladoresrequiere plantearse sin sofismas reales, supuestos o inferidos en losámbitos gubernamentales otras preguntas esenciales.
II Y no sólo eso: amén de las preguntas, el Poder Ejecutivo tiene quedar respuestas adecuadas en lo semántico, lo idiomático y loconceptual, más allá de la lingua franca jurídica y de lossobreentendidos de la polìtica, inasible a la ciudadanía.
Debe evitarse confundir --y ese documento confunde-- no sólo a losmuchísimos legisladores de baja escolaridad en temas históricos,sociales y constitucionales, sino principalmente a la ciudadanía engeneral.
Esta última --la ciudadanía-- ha dado muestras nítidas de susdudas, conturbaciones y preocupación por las reformas judiciales. Enel documento esos anhelos son soslayados; no hay propuestasespecíficas que respondan a las inquietudes.
Esas inquietudes parecen generalizarse. No se respondencreíblemente las preguntas que tales inquietudes inspiran, acerca dela ausencia de propuestas concretas del Poder Ejecutivo en lo que esla preocupación conturbadora y dubitativa mayor.
Así es. En el entorno de desconfianza generalizada (y creciente,según ciertos indicios objetivamente discernidos) acerca de lasintenciones y conductas del poder formal, la sociedad es reacia aextenderle un cheque en blanco al gobierno.
En efecto. Los abusos --agravios a particulares y grupos sociales,políticos e incluso étnicos/culturales-- al aplicar las leyes actualesson constantes y documentados con amplia fehacencia, sin contrapesosreales ni vigilancia rigurosa.
III De hecho, a la ciudadanía --y, en un sentido más extendido, lasociedad y el pueblo de México-- no parecen satisfacerle loscomportamientos justificantes y pseudopaliativos de los abusos demilitares y policías en detrimento del interés civil.
Es percepción pública que la intencionalidad aviesa en laaplicación de las facultades coactivas del Estado se ahonda. No sepercibe que se trata sólo de someter la vertiente más violenta delcrimen organizado, sino reprimir al descontento social.
¿Qué instancia o mecanismo ad hoc evitaría o impediría, sancionaríao castigaría los abusos que por omisión y yerro o por comisión(premeditamente) se cometerían al aplicar las reformas constitucionalesen agravio de terceros?
Predeciblemente, los mexicanos, al parecer en su gran mayoría, nomuéstranse inclinados a aceptar ser víctimas colaterales de lasactuaciones del poder formal contra aquella vertiente tan corrosivadel crimen organizado. Dúdase de las motivaciones.
La reticencia de los mexicanos tiene por origen, sabríase, lapropia magra credibilidad moral y diríase también que ética del poderformal; éste deviene de una representatividad muy cuestionada por nohaber sido la secuela de un contrato social.
Sábese que el Ejecutivo tiene los votos en el Legislativo parapromulgar las reformas constitucionales citadas. Pero más que tratarde inducir, la vía aconsejable para la credibilidad es laplebiscitaria. Plebiscito sin fraude. Contando voto por voto.
ffponte@gmail.com Glosario:Aviesa: torcido, fuera de regla.Fehaciente: que hace fe. Fidedigno.
