I En vísperas de las conmemoraciones del septuagésimo aniversario de la Expropiación Petrolera, los mexicanos estamos preocupados por el futuro de la industria de los hidrocarburos ante indicios objetivos de que éstos son cada día menos nuestros.
El proceso administrativo y operativo de dicha industria se realiza de tal estilo que representa un saqueo atroz, impune y, ergo, cínico, ilegal --como lo exhibe el caso de Juan Camilo Mouriño-- y que raya en formas grotescas de corrupción.
A ese saqueo brutal adhiérense, por un lado, la reducción dramática de las reservas probadas de hidrocarburos y, por otro, su enanejación de hecho, pues nuestra infraestructura de beneficio de tan importante materia prima es obsoleta en extremo.
A ello agregaríase que la obsolescencia aquí citada y, a nuestro ver, criminalmente deliberada por el propio Estado mexicano, el verismo de que refinamos nuestro crudo en Estados Unidos e importamos, además, gasolinas y otros combustibles.
Por añadidura, la gasolina --aun la refinada aquí-- para el consumo local es tocante a precio al público una de las más caras en el mundo. Las ganancias del ente administrador y operador de ese recurso, Petróleos Mexicanos (Pemex), financian al Estado.
II Esos recursos de Pemex así asignados representan el 40 por ciento del ingreso del Estado, destinándose no a obra de infraestructura y/o reinversión, sino a financiar el gasto corriente, de por sí monstruosamente dispendioso.
Pero ese despilfarro no causa derrama horizontal ni profunda entre los mexicanos, pues los beneficiarios son, en realidad, unos cuantos connacionales y extranjeros (éstos, consorcios trasnacionales) insertos en la cultura de la corrupción.
En esa cultura se inscriben, como ejemplos emblemáticos, las andanzas del señor Mouriño y los hijastros de Vicente Fox, los hermanos Bribiesca Sahagún y la madre de éstos, Marta María, en sus contratos con Pemex obtenidos mediante tráfico de influencia.
El señor Mouriño --hoy motivo de escándalo en los medios difusores-- traficó con influencia siendo legislador, primero, y después funcionario de alto nivel del gobierno y allegado al entonces secretario del despacho de Energía, Felipe Calderón.
Lo grave de esos casos reside en el hecho de que ni los hermanos Bribiesca ni el señor Mouriño tienen conciencia moral de haber incurrido en conflictos de interés; es mças, idealizan su corrupción como acciones para el progreso de México.
Los mexicanos, como usufructuarios de nuestro petróleo, es obvio que tenemos ante sí un enorme dilema: cómo extraer éste de yacimientos ultraprofundos, a kilómetros bajo el lecho marino, que presúmese cuantiosísimo, en el Golfo de México.
III El dilema se agudiza no sólo por los enormes obstáculos geológicos que sería necesario superar, sino también porque el Estado mexicano carece de la tecnología apropiada para ello y la que existe en el mundo no está disponible libremente.
Pero ese no es un mercado de vendedores de equipos o instalaciones, sino de tecnología desarrollada con fines geopolíticos. Dicho de otro estilo, la ganancia no sólo es en términos de dinero e influencia, sino de dominio y poder.
Así regístrase. En dicho mercado, los proveedores de tecnología especializada para extracción de hidrocarburos más abajo del fondo del mar son unos cuantos y la oferta no se representa en una transacción de compraventa simple.
Como añadido, en ese mercado de proveedores hay una miriada de intermediariaos, en número suficiente para que éstos conformen capas tras capas que dificultan, a propósito, el acceso a la provisión del bien que un comprador --o cliente-- busca.
Ello tiene un fin estratégico: que el Estado que busca esa tecnología --en el caso, el mexicano-- comparta a cambio las riquezas patrimoniales con los dueños y operadores del mercado de proveedores de tecnología de extracción ultraprofunda y capital.
Para el Estado mexicano, acceder a ese mercado de proveedores en las condiciones establecidas por sus dueños y operadores no es posible, constitucionalmente. El artículo sexto de la Ley Reglamentaria del 27 de nuestra Carta Magna lo prohibe.
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Obsoleta: anticuado, inadecuado a las circunstancias actuales.