I Como es bien sabido, la corrupción preside la aplicación de las potestades del Estado --y su representahte, el Gobierno-- en México. Esa corrupción caracteriza el ejercicio del poder en los ámbitos federal, de los estados y en los municipales.
En el confín federal, la corrupción muestra su execrable presencia en todos los Poderes de la Unión, lo mismo en el Ejecutivo que en el Legislativo y, no se diga, en el Judicial, percibido éste último por la ciudadanía como un tianguis perverso.
Esa corrupción se muestra en una miríada de modalidades que van desde las grotescas y burdas hasta las refinadas y sofisticadas --a la alta escuela-- y, así, se manifiestan en hurtos y sustracciones y desvíos de recursos hasta otras formas más alambicadas.
Y una de esas formas alambicadas son las licitaciones. Cuando el Estado (y el Gobierno, por ende) licita un servicio o un bien --producto o mercancía-- la probabilidad de manipulación aviesa crece exponencialmente.
Emblemático de esa práctica de arreglar los desenlaces de las licitaciones son las empresas del Estado, notoriamente Petróleos Mexicanos, que es el principal comprador y alquilador de servicios y bienes de toda clase y naturaleza para su funcionamiento.
II Los procesos de las licitaciones es realizado por una una confederación de mafias de funcionarios e intermediarios particulares --ajenos a la empresa-- y una élite de proveedores --los contratistas-- de bienes y servicios.
Empero, ese tráfico que deviene del outcousrcing sin regulación alguna en Pemex tiene su par en el Poder Ejecutivo, en las aduanas, cuyas administraciones en puertos marítimos, aéreos y terrestres son objeto de pujas regidas por las leyes del mercado.
Cierto. También es sabido --documentadamente-- que se venden las administraciones aduanales, aunque en muchos casos esa venta es sobreentendida. Los nombramientos para administrar una aduana se dan como dispensa de gajes o por causales crematísticas.
Señálese que no sólo las administraciones aduanales son objeto de comercio, sino también ciertas delegaciones del brazo coactivo del Estado, la que procura justicia, y de las secretarías de despacho competentes del Gobierno.
Hágase la pertinente salvedad que si bien la corrupción en la venta de potestades del poder formal es la que mueve en muchas direccciones a éste y desvirtúa su funcionalidad, no todos sus personeros están involucrados. No.
III Hay, reitéterese, funcionarios en todas las jerarquías honestos cuya probidad es evidente, por demostrada, y que resisten tentaciones de comercializar sus responsabilidades en beneficio de postores particulares o poderes fácticos.
Diríase sin incurrir en hipérbole que muchos de esos funcionarios honestos y probos incluyen a quienes el voto popular ha investido de la responsabilidad enorme de representar a la ciudadanía. Tal es el caso de los legisladores federales y locales.
Y una fracción de esos legisladores federales, por cierto, tiene interés en saber acerca de de casos de presunta corrupción no sólo en las aduanas, sino también en el Servicio de Administración Tributaria, a propósito del asunto de Zhenli Ye Gon.
Aduanas y el SAT dependen, en el organigrama del Poder Ejecutivo, de la secretaría del despacho de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular, Agustín Carstens, y el predecesor de éste, Francisco Gil Díaz, podrían incurrir en responsabilidad.
Este caso de corrupción presumible --el del chino-mexicano-- parece remontarse al sexenio anterior, el que presidió Vicente Fox, pero con ramificaciones en el presente, como comprador de potestades de, por lo menos, el Poder Ejecutivo.
ffponte@gmail.com Glosario:
Crematísticas: por interes material.
Gajes: prebendas, privilegios.
