I
La ya tristemente célebre Ley Gordillo está contribuyendo a crear en la opinión pública de México la certidumbre de que el Estado mexicano no sirve al pueblo ni a la sociedad civil ni a la ciudadanía.
Ante esa demostración tan elocuente, no parecen ser pocos los mexicanos que se inquieren a quién sirve realmente el Estado. ¿A sí mismo o, a fuer de precisos, a sus personeros? ¿Sirve, acaso, a terceros intereses?
Mas no sólo eso. Las actuaciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo --dos de las tres instancias del Estado mexicano-- están haciendo posible la toma de una conciencia colectiva de la existencia de cierto fenómeno.
Ese fenómeno es conturbador, pues trátase del distanciamiento real, diríase que tangible, del Estado con respecto al pueblo, la sociedad civil y la ciudadanía. Existe, pues, insoslayablemente un divorcio.
Así, la Ley Gordillo se ha convertido en un detonante de un proceso corriente de concientización social y descubrimiento de una realidad que nos sacude: somos un pueblo oprimido. Sometido. Expoliado.
Y nuestros expoliadores se erigen en personeros de una institución que es, con arreglo a las definiciones de la ciencia política y la historia, la expresión máxima del poder del pueblo, de la sociedad civil y la ciudadanía.
Tal es lo que, idealmente, debiere ser el Estado mexicano. Mas no lo es. Es, eso sí, expresión de poder, máxima o mínima, de otros intereses creados, ajenos a los nuestros propios.
La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado descorre, por añadidura, otros velos que ocultaban nuestra realidad circundante.
II
Véase:
1) Que nuestra forma de organización política no es la de una democracia verdadera, sino simulada grotescamente por aquellos --los legisladores y los personeros del Poder Ejecutivo-- a quienes legalmente nos representan.
2) Que nuestra forma de organización económica está siendo transformada de tal estilo para servir a intereses ajenos a los de México. Esos intereses son los de una pandilla bandidesca al servicio de un poder trasnacional.
3) Esa pandilla --descrita por Andrés Manuel López Obrador como el hampa de la política-- actúa en consonancia y función de intereses propios y del poder trasnacional, el de los grandes consorcios de Estados Unidos y España.
4) Ese poder trasnacional --un supraestado que domina a los estados nacionales, como el estadunidense y el español, entre muchos otros-- establece las formas de organización económica y política convenientes a él.
5) El poder de los grandes consorcios trasnacionales es el fenómeno más sobresaliente --es decir, evidente-- en el último cuarto de siglo en la historia del mundo, aunque su origen se remonta a una centuria atrás.
6) El poder trasnacional es el centro axial --pivotal, diríase-- de lo que identificase como globalización de las economías, que en realidad es otra cosa: control absoluto de mercados financieros y de comercio.
En ese contexto de interacción --la dialéctica del poder trasnacional y de la dependencia económica y la subordinación política-- los actores de nuestra vida política sólo son marionetas. Títeres. Peleles.
Peleles de ese vasto y abrumador poder trasnacional son, desde luego, el mismísimo Presidente de la República, los legisladores y poderdantes y poderdados fácticos como Elba Esther Gordillo.
III
A cambio de esa condición de títeres movidos por la mano del gran titiritero --el poder trasnacional--, aquellos se benefician en lo material. Es la guisa de pago por sus servicios a favor del poder trasnacional.
Para el poder trasnacional, el marco jurídico debe ser uno diseñado y constituido de tal manera que le permite reproducir con largueza sus intereses y, ergo, sus ganancias. Estas rebasan límites morales y éticos.
El marco jurídico favorable a sus intereses --como la Ley Gordillo-- les garantiza a los consorcios trasnacionales en México un saqueo impune, sin riesgos, de las riquezas del país. Esa impunidad se traduce en cinismo.
Y el saqueo se convierte, pues, en un ejercicio de cinismo, sustentado por una filosofía --la del neoliberalismo-- que preconiza la cesión de las potestades rectoras del Estado a intereses particulares.
El desmantelamiento del ISSSTE es un caso en punto, de libro de texto. Mediante esa destrucción del andamiaje de seguridad social en México, los actores todos ganan. Pero pierden los trabajadores. El pueblo de México.
Pierde, sin duda, México. El desentramado del ISSSTE es sólo el primer paso hacia la privatización y el eventual mercantilismo de la seguridad social en México, financiada por los mismos trabajadores.
Esa es la ironía macabra del caso. Con recursos de los trabajadores --y, en un sentido más amplio, del pueblo de Mèxico--, particulares mexicanos y extranjeros se beneficiarán. Es un escamoteo burdo.
Sin duda. Los trabajadores continuarán aportando, ahora más --según la Ley Gordillo--, pero no recibirán los beneficios de sus aportaciones.
Estas se convertirán en ganancias de otros. ¡Qué expoliación tan brutal!
Glosario:
Expoliado:Relativo a expoliar: Despojar con violencia o iniquidad.
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